Juan Barthe es abogado senior en el despacho RHGR-Ontier con amplia experiencia en
propiedad intelectual y litigación civil. Licenciado
por la Facultad de Derecho de Oviedo (1996) y Máster en Asesoría Jurídica por el Instituto de Empresa. Posee más
de 15 años de experiencia de ejercicio profesional, tanto en la abogacía como
en el asesoramiento jurídico.
Desde el año 2002 desempeña su labor
profesional en RHGR-Ontier,
fundamentalmente en temas de propiedad intelectual y litigación civil. Desde
hace dos años es miembro del Comité de
Calidad de la Facultad de Derecho de Oviedo. Además, colabora con la
Universidad en los programas de practicum
externo encargándose, igualmente, de proyectos de responsabilidad social
corporativa como la Escuela de Jóvenes
Abogados del propio despacho.
Con su permiso, esta entrevista la realizamos
desde la curiosidad de un colectivo, los autores noveles, por ello comenzamos
con una pregunta obvia:
AEN. —¿Qué
se entiende por “Propiedad Intelectual”?
Juan Barthe. —En un sentido amplio y general, bajo
la denominación de Propiedad Intelectual nos referimos al conjunto de normas
jurídicas que regulan el alcance, duración y derechos que corresponden a los
autores, ya lo sean de una obra literaria, artística o científica. En muchas
legislaciones estas normas se agrupan bajo la rúbrica de Derecho de Autor.
AEN. —Como
somos un colectivo de autores noveles, tenemos un problema importante. Existen
editoriales de autoedición que son un timo, nos dicen que corrigen los textos,
distribuyen, promocionan los libros, y después no es así ¿Qué podemos hacer
ante este engaño o robo?
Juan Barthe. —Hay, efectivamente, un problema de abuso o engaño en
el tema de la autoedición que además es una cuestión poco regulada
jurídicamente. Para, por así expresarlo, optimizar la protección de nuestros
derechos en tanto que autores, debemos ser conscientes de que una parte
importante de los eventuales problemas pueden evitarse por la vía preventiva.
Así, si nos interesamos en establecer una buena regulación contractual en la
cesión o explotación económica de nuestros derechos, ya tenemos mucho avanzado.
En última instancia, siempre nos queda la vía judicial para el ejercicio y
defensa de nuestros derechos.
AEN. —¿No
crees que tendría que existir una vía de reclamación para defender nuestros
derechos de autor a través del Ministerio de Cultura, la SGAE o la Federación
de Editores de España (FGEE)?
Juan Barthe. —Sí, efectivamente, me parece adecuado que
existiera la posibilidad de acudir a una vía previa de reclamación, que diese
la oportunidad, antes de acudir a la vía judicial, de resolver las cuestiones u
obtener la protección del derecho de autor. Bien regulado, podría evitar parte
de litigiosidad judicial y los problemas de tiempo de resolución y coste que
normalmente van asociados a la misma.
AEN. —Una
vez que hemos firmado un contrato de edición estamos indefensos. La editorial
nos dice que ha realizado una tirada de x libros (tal y como consta en el
contrato) y el autor no sabe si es cierto. A la hora de abonarnos los derechos
de autor, nos dicen que solo han vendido x libros y no podemos comprobar si es
cierto, ¿cómo se podría cambiar para que el autor supiese si le engañan o no?
Juan Barthe. —Para
empezar hemos de notar que se ha de intentar ya de primera mano que el contrato
de edición que firmemos no resulte abusivo respecto de nuestros derechos. En cuanto
al control de tirada, legalmente existe
una obligación para el editor de certificar, antes de la puesta en circulación
de la obra, el número de ejemplares de la tirada. Certificación que deberá ir
acompañada de una declaración de la persona o entidad responsable de la
impresión, y que obviamente, de no ser cierta, genera responsabilidad .
Ciertamente,
el sistema no ofrece todas las garantías que serían deseables. Una vía seria el
establecimiento de entidades independientes de control, como por ejemplo la
Oficina de Justificación de Difusión (OJD) que existe para los diarios,
revistas y publicaciones profesionales.
AEN. —Internet nos aporta todo su potencial, pero también estamos más
expuestos al plagio, sobre todo si subimos nuestros textos a un blog o web
¿Existe jurídicamente ahora alguna ley o forma de proteger nuestros derechos de
autor si publicamos en internet?
Juan Barthe. —Debe tenerse en
cuenta que nuestros derechos como autor son los mismos tanto si publicamos en
internet como si lo hacemos en otro medio. Además de ello estamos viendo un
intento por parte del legislador español para arbitrar y hacer más eficaz la
protección frente al plagio y piratería informáticos. Precisamente en el ámbito
de internet existe un procedimiento especial, ante la Comisión de Propiedad
Intelectual, para proteger los derechos de autor.
AEN. —Para
terminar esta entrevista, desde la asociación queremos darte las gracias por tu
colaboración en esta entrevista, así como por tu presencia en el II Congreso de
Escritores Noveles, y queremos pedirte cinco consejos legales que cualquier
escritor novel o no debería tener en cuenta a la hora de firmar un contrato de
edición.
Juan Barthe. —A pesar de lo corporativo que
pudiera sonar, uno de ellos sería que ante la firma de un contrato de edición
se cuente con asesoramiento legal. Es cierto que ello implica un coste, pero
creo que se debe valorar lo importante que puede ser nosotros el contrato y,
desde luego, el hecho, más que probable, de que el editor cuenta con
asesoramiento legal y no precisamente para velar por nuestros intereses. En
cualquier caso, si tuviera que dar cinco consejos serian:
1. Ser consciente de con quien contratamos o, quien es la
persona o sociedad que figura en el contrato, pues jurídicamente sólo ella va a
ser la obligada.
2. Establecer claramente el alcance del derecho o derechos que
se ceden al editor (cuantas ediciones y de que tirada, donde se va poder
editar, cuánto va a durar, si hay o no traducción).
3. Por supuesto que el precio y su forma de pago queden
claramente recogidos en el contrato.
4. Tener en cuenta la ley aplicable al contrato, pues hay
contratos que se someten a legislaciones extranjeras sobre las que se tiene
menos control y más desconocimiento.
5. Valorar la posibilidad de incluir la obligación de
indemnización en caso de incumplimiento por el editor.
